Colombia: Los Pasivos Ambientales Petroleros. Caso Pacific Energy

Por Guatila – Colectivo Agrario Abya Yala

Pacific cuenta con toda la arquitectura jurídica e institucional necesaria para blindar sus intereses y garantizar su impunidad: durante el 2014 se aprobó la regulación de aguas para reuso en cultivos agro-forestales y la ley sobre Zonas de Desarrollo e Interés Empresarial –ZIDRES, que busca legalizar el acaparamiento irregular de tierras baldías realizado por muchas empresas nacionales y extranjeras en los últimos años en la altillanura.

El boom petrolero de hace algunos años y la pauta publicitaria de la petrolera canadiense Pacific Rubiales generaron una euforia sin precedente en los medios de comunicación. Bajo el eslogan de “Pacific es Colombia”, la empresa se convirtió en el patrocinador oficial de la Selección Colombia y, con su venia, se hizo cada vez más famoso Festival de Verano del Manacacías, en el hasta entonces olvidado municipio de Puerto Gaitán, Meta. La romería obnubilaba la falta de acceso a la salud, el analfabetismo y la desnutrición de miles de campesinos e indígenas de la zona, así como las pésimas condiciones laborales y la tercerización con las que aún opera el Campo Rubiales.

En efecto, el capitalismo es un sistema de costos sociales no pagados, pero en particular, el sector extractivo permite evidenciar a una escala mayor los costos ambientales y sociales que incluso tendrán que asumir nuevas generaciones, otras especies y, por supuesto, las clases populares de nuestra propia generación. Martínez Alier (1) insiste en diferenciar al menos tres corrientes de pensamiento que presentan visiones sobre la causa de las externalidades del sistema de producción, como son los pasivos ambientales: hay quienes les identifican como consecuencia de fallas del mercado, por excluirles de los costos; otros señalan los fracasos del gobierno en la regulación, el control o el subsidio de actividades nocivas; y otra postura asume que en la lógica del “metabolismo social” no existe una economía circular cerrada, lo que implica que necesariamente se generen externalidades tanto en la extracción de los recursos como en la producción de los residuos.

Los pasivos ambientales de Pacific Rubiales

Justamente es esta discusión en la que se encuentran las comunidades afectadas(2) por la empresa canadiense Pacific Exploration and Production (antes Pacific Rubiales Energy), que entregará el Campo Rubiales –uno de los más productivos del país- a Ecopetrol el próximo 1 de julio.

Entre estos pasivos destacan la contaminación a las fuentes de aguas, la reducción del nivel freático, la contaminación auditiva y la generación de material particulado (3). Aún no se conocen los impactos ambientales que generó el fallido proyecto STAR que utilizaba métodos controvertidos como lacombustión in situ, sobre los cuales hubo múltiples denuncias de la comunidad antes de que se ordenara su cancelación, pues generaba temblores, explosiones y múltiples contingencias (4).

Tampoco se ha dado respuesta adecuada a la generación exponencial e inusitada de sismos en las veredas Rubiales y aledañas por la inyección de aguas de producción, sobre la cual no existe regulación por parte de las autoridades ambientales. Luego de casi una década de explotación petrolera, la empresa abandonará el Campo sin que las veredas cuenten con puesto de salud, escuelas, espacios de recreación, carretera ni sistema de transporte público que les permita acceder al casco urbano de Puerto Gaitán.

Hoy las comunidades exigen a la multinacional que incluya estos pasivos en sus balances financieros y repare los daños antes de entregar el Campo petrolero, so pena de ser asumidos por Ecopetrol -aún empresa de economía mixta en la que el Estado colombiano tiene una importante participación accionaria.

La dificultad a la que se enfrentan las comunidades hoy está en concebir medidas de reparación sobre sus fuentes de agua que hoy están secas, contaminadas y cada vez se encuentran a distancias más profundas. Para los campesinos no es casual que desde el 2013 los niveles de agua hayan disminuido notablemente en ríos, jagueyes y moricheras, justo cuando la empresa intensificó la producción. Incluso si se comprometieran a brindar acceso al agua de manera permanente ¿cómo podrían llamar el agua de nuevo y subir el nivel freático? ¿Cómo reparar lo irreparable? Con seguridad tendrían que pasar tiempos de ritmos no humanos, para que los procesos naturales pudieran restaurar los daños causados.

Una vez más: riqueza privada, pobreza pública

De manera que el planteamiento no se reduce al cálculo económico de los daños, o el reproche a las paquidérmicas autoridades ambientales que evaden la regulación y vigilancia de las actividades de las empresas. Las externalidades del extractivismo le son inherentes.

En el caso de la explotación petrolera en Rubiales, por cada barril de petróleo se producen 20 de agua. Por esta razón, Pacific inyecta en capas profundas de la tierra más de 3.4 millones de barriles de estas aguas diariamente y, a su vez, viola permanentemente su licencia para poder verter las cantidades restantes a los caños aledaños. Dado que la inyección de estos volúmenes de agua estaría generando en promedio un temblor al día en la zona, la solución de la empresa ha sido plantear un tratamiento que permita la reutilización de estas aguas en cultivos de gran escala, como el de palma aceitera. Esto explicaría por qué, entre otras cosas, se habría hecho a más de 48 mil Ha. de tierra con antecedente de baldíos, como lo denunció el Senador Alberto Castilla (5).

Las comunidades y organizaciones locales se han opuesto a este proyecto, por ser una falsa solución al problema estructural que representa la explotación de hidrocarburos en Campo Rubiales. Muchos estudios han alertado sobre la pérdida de biodiversidad que ha implicado la expansión de los cultivos de palma en la altillanura colombiana (6). Además, la mezcla de petróleo y cultivos de palma, resulta ser la más perversa fórmula de acaparamiento de bienes comunes como agua, tierras y petróleo en este territorio. Por supuesto, no hay asomo de vergüenza desde el gobierno Santos cuando declara estos proyectos de utilidad pública, aunque la realidad evidencie cada vez más la riqueza privada y los costos que tienen que asumir las comunidades y territorios por tal explotación.

Pacific cuenta con toda la arquitectura jurídica e institucional necesaria para blindar sus intereses y garantizar su impunidad: durante el 2014 se aprobó la regulación de aguas para reuso en cultivos agro-forestales y la ley sobre Zonas de Desarrollo e Interés Empresarial –ZIDRES (8), que busca legalizar el acaparamiento irregular de tierras baldías realizado por muchas empresas nacionales y extranjeras en los últimos años en la altillanura. Sobra mencionar que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- ha sido absolutamente connivente con la operación irresponsable del Campo.

A este complejo panorama se suma que décadas de explotación petrolera en territorios de reciente colonización, han hecho que las comunidades estén centradas en la venta de bienes y servicios para la industria y las alternativas a la economía extractiva sean muy reducidas. Sin embargo, algunas voces han comenzado a plantear la necesidad de hacer uso de estas grandes cantidades de agua para impulsar proyectos productivos que diversifiquen la economía de la región, garanticen la permanencia en el territorio bajo formas de producción de economía campesina y paulatinamente desmonten el proceso extractivo.

Si bien estas propuestas no representan cambios radicales que exijan el cese de los proyectos extractivistas, son el primer paso para recuperar la soberanía nacional sobre estos territorios capturados por las corporaciones, comenzar diálogos de otra construcción territorial que oxigene la vida digna en el campo y dinamizar alternativas de racionalidad ecológica.

***

1 Martínez Alier, Joan. Entre la Economía Ecológica y la Ecología Política, disponible en:http://old.sinpermiso.info/articulos/ficheros/10JMAcol.pdf.

3 Como la contaminación de caños por vertimientos ilegales de aguas de producción, contaminación de nacederos, moricheras y jagüeyes por escorrentías y mal manejo de la carretera, captación ilegal de aguas en los ríos usados por la comunidad, generación de material particulado, contaminación auditiva y perturbación de las comunidades por ruidos del Campo, entre muchos otros incumplimientos de la licencia ambiental.

4 Desastre ambiental de Pacific Rubiales https://www.youtube.com/watch?v=m7BZNbSxQgY

5 Noticias Uno “Se denunciará presunta acumulación ilegal de predios por parte de la petrolera Pacific”www.youtube.com/embed/HpzNrhVHxjg

6 Se estima que en Colombia se encuentran sembradas 447.000 Ha. de palma africana. La región de la Altillanura es la zona en la que se concentra el 38,6% de las tierras destinadas para este cultivo (173.861 Ha.). En el caso de Puerto Gaitán, en 2011, en 17 mil Ha. estaba sembrada palma, cifra que con seguridad ha aumentado drásticamente si se tiene en cuenta que aproximadamente el 82% del total de área sembrada en diversos cultivos en la Altillanura se ha concentrado en los últimos años en los municipios de Puerto López y Puerto Gaitán.

7 A partir de la Resolución 1207 de 2014 que entró en vigencia en agosto de 2014 y la Resolución 631 de 2015 del Ministerio de Ambiente, se hizo posible utilizar las aguas industriales para el uso forestal y agrícola de consumo no humano o animal.

8 Ley 1776 de 2016 “Por la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, ZIDRES”. La ley modifica y adiciona los artículos 31 y 52 de la Ley 160 de 1994, y crea las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES).

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