IMPACTOS DE LA INDUSTRIA MINERA SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES EN LATINOAMÉRICA[1] 

Por Lina Solano Ortiz[2]

En la última década la industria minera se ha expandido vertiginosamente en América Latina. La inversión de corporaciones transnacionales en este sector ha aumentado a tal punto que, a pesar del “enfriamiento” registrado desde el año pasado, sigue siendo la que mayor inversión minera recibe a nivel mundial. 

Lejos del discurso, las promesas y el marketing de “minería responsable”, amigable con el ambiente y que sacará de la pobreza a los pueblos, la “locomotora minera” avanza en Latinoamérica avasallando derechos, garantías y libertades fundamentales, profundizando las condiciones estructurales de dominación, explotación, opresión, discriminación, desigualdad e inequidad[3].

Es por ello que concomitante con la expansión minera se han multiplicado en toda la Región los conflictos socio-ambientales y la resistencia a esta industria extractiva[4], en especial de comunidades campesinas e indígenas, donde las mujeres han emergido como un actor protagónico.

Miles de mujeres latinoamericanas viven los terribles impactos que les trae la minería[5], al quitarles sus derechos y las condiciones para una existencia digna, al despojarlas de sus espacios de vida y medios de subsistencia, tanto por desposesión como por contaminación, impidiendo el desarrollo de sus actividades productivas y reproductivas, poniéndolas en mayor dependencia y vulnerabilidad, posibilitando más control y sobreexplotación de sus cuerpos.[6]

Además, en los territorios donde se asienta la industria minera se refuerzan las estructuras patriarcales y se masculinizan los espacios, lo que provoca un aumento de la discriminación y la violencia hacia las mujeres tanto en el ámbito privado como público.[7]

El resultado de los múltiples, directos y diferenciados impactos de la minería sobre las mujeres será la pérdida definitiva de derechos y libertades fundamentales, mayor empobrecimiento y precarización de sus condiciones de vida, mayor explotación y opresión, mayor discriminación y exclusión.

Conscientes de los graves efectos que la minería trae a sus vidas, mujeres en toda Latinoamérica se han levantado y se han sumado masivamente a los procesos de resistencia de los pueblos, registrándose en los conflictos mineros permanentes violaciones de derechos cometidas contra ellas, y un alarmante aumento de defensoras asesinadas, desaparecidas, torturadas, violentadas sexualmente, encarceladas, judicializadas, criminalizadas[8], estigmatizas y hostigadas[9].

Tanto donde existen minas activas, como donde se han terminado los minerales pero han quedado sus impactos, e incluso donde aún no comienza la extracción, las mujeres se han puesto en la primera línea de la resistencia porque la minería las impacta agresivamente, al igual que a la Naturaleza, desde el momento en que una transnacional decide adueñarse de los territorios con la complicidad de los estados y gobiernos.

El caso de Ecuador es ilustrativo para demostrar como la imposición de la mega minería impacta los derechos de las mujeres desde sus primeras fases.

A diferencia de la mayoría de países de Latinoamérica, en Ecuador aún no se han desarrollado emprendimientos mineros de gran escala, por lo que el proceso de desposesión de los territorios es relativamente reciente. Cuando en la década de los 80 y 90 del siglo pasado, comenzó la entrega de una gran parte del territorio ecuatoriano a las transnacionales vía concesiones mineras, las comunidades no fueron informadas ni consultadas. Esa decisión se tomó a sus espaldas y en ella no contaron los derechos, necesidades e intereses de la población asentada en esos territorios, mucho menos los de las mujeres.

Posteriormente las comunidades descubrieron esta ilegal e ilegítima entrega de sus territorios y comenzaron a reclamar, iniciando procesos de resistencia que a partir del 2006-2007 tomará dimensiones nacionales. La represión y la criminalización han sido la única respuesta que el Estado y los gobiernos han dado a las justas demandas de los legítimos dueños de los territorios invadidos[10].

Si las comunidades campesinas e indígenas, y el pueblo ecuatoriano en general, no tuvieron ninguna intervención en las decisiones que se tomaron sobre el territorio, mucho menos las mujeres, relegadas de la participación y toma de decisiones por las estructuras patriarcales que se mantienen hasta en el ámbito comunitario y familiar. Sin embargo, ellas encontramos en la movilización y la organización el espacio para convertirse en activas defensoras de sus derechos y los de la Madre Tierra, lo cual implicó a su vez que sean blanco de la represión y criminalización, y que se hayan violado reiteradamente sus derechos.

Ejemplo de ello es lo sucedido con las mujeres del Frente de Defensoras de la Pachamama[11] (Madre Tierra), quienes han tenido que afrontar la violación y negación de sus derechos con privaciones arbitrarias de su liberad[12], persecución judicial[13], agresiones físicas, verbales y sicológicas por parte de la fuerza pública y pro-mineros[14], intimidación, amenazas[15], insultos públicos de autoridades gubernamentales comenzando por el propio Presidente Correa, descalificación, desprestigio, difamación, instigación al ataque. Toda esta violencia contra de las Defensoras de la Pachamama se ha ejercido en el intento de acallar su voz, impedir el ejercicio de sus derechos y su resistencia frente a los mega proyectos mineros, especialmente Loma Larga-Quimsacocha y Río Blanco[16].

El último hecho de violencia registrado contra las Defensoras de la Pachamama, fue perpetrado el 20 de octubre de 2015 por la policía y agentes de seguridad política, quienes las atacaron durante una manifestación en contra del megaproyecto minero Río Blanco cuando Rafael Correa visitó Molleturo, parroquia del cantón Cuenca (Azuay, sur de la región Andina de Ecuador)[17]. Este hecho demuestra los peligrosos niveles de intolerancia y represión a los que se está llegando para imponer los megaproyectos de minería.

Lo anotado sobre Ecuador evidencia la agresividad de la industria minera hacia las mujeres, dejando claro que la “minería responsable” no es más que una falacia cuando desde el inicio se violan y violentan derechos, garantías y libertades fundamentales de las mujeres como la decisión soberana sobre sus espacios de vida, la participación, la libertad, la igualdad, la resistencia, la integridad personal, el honor y el buen nombre, la información, la libertad de opinión, expresión, organización, manifestación, la paz, la tranquilidad, la salud, así como el derecho a defender sus derechos y los de la Madre Tierra.

En este difícil escenario, las mujeres que resisten a la minería en Latinoamérica, continúan con fuerza levantando su voz para denunciar la realidad de una industria que se impone a costa de sus derechos, debiendo además buscar estrategias para su protección, como la creación y/o fortalecimiento de organizaciones y redes. Así surgió, por ejemplo, la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM[18], red integrada por mujeres y organizaciones de mujeres de comunidades afectadas por minería en distintos países.

Lo importante es que las mujeres no cejan en su lucha, ya que contrariamente a lo esperan sus agresores, cada vez se comprometen más en la exigencia de decisión soberana sobre sus espacios de vida y de la primacía de sus derechos, necesidades e intereses, así como los de sus pueblos y de la Madre Tierra, sobre los de las corporaciones transnacionales.


[1] Una versión traducida al inglés de este artículo fue publicada en la revista “Right to Food Journal 2015”, Vol. 10, de FoodFirst Information and Action Network – FIAN International. Edición del 10 de diciembre de 2015. http://www.fian.org/fileadmin/user_upload/Right_to_Food_Journal_2015.pdf.

[2] Luchadora social, defensora de la Pachamama (Madre Tierra), activista por los Derechos Humanos y de las Mujeres. Cofundadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama (2008), y otras importantes organizaciones que son parte de la resistencia a los megaproyectos de minería en Ecuador. Cofundadora y actual Presidenta de la Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM, red que agrupa mujeres en resistencia a la minería en varios países de la Región. Socióloga. Magíster en Sociología y Desarrollo, y candidata a Magíster en Salud con Enfoque de Ecosistemas por la Universidad de Cuenca.

[3] Veredicto del Tribunal Permanente de los Pueblos, Audiencia sobre América Latina, sesión sobre la industria minera canadiense. Montreal, Canadá, 29 de mayo – 1 de junio 2014. http://www.tppcanada.org/wp-content/uploads/TPP_document_es.pdf

[4] Observatorio de conflictos mineros en América Latina. http://www.conflictosmineros.net/?start=6

[5] Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM. http://redulam.org/

[6] “Las mujeres resistiendo a las agresiones de la minería”. Memorias del Taller realizado en el marco del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre la industria minera canadiense en Latinoamérica. Montreal, Canadá, junio 2014. http://cdhal.org/sites/cdhal.org/files/doc/communique/22-julio-dia-mundial-contra-megamineria-mujeres-resistiendo-agresiones-mineria-_0.pdf

[7] “Mujer, Violencia e Industria Minera”. Solano Ortiz Lina. Junio 2015. http://defensoraspachamama.blogspot.com/2015/08/mujer-violencia-e-industria-minera-1.html

[8] “Modalidades de criminalización y limitación a la efectiva participación de las mujeres defensoras de derechos ambientales, los territorios y la naturaleza en las Américas”. Varios autores. Informe Regional 2015, presentado en la I Audiencia Regional ante la CIDH sobre Criminalización a Mujeres Defensoras de los territorios y el medio ambiente en las Américas. http://issuu.com/fondodeaccionurgente-al/docs/informe_cidh_esp_2015

[9] Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos. http://im-defensoras.org/

[10] Coordinadora por la Defensa de la Vida y Soberanía de Ecuador. http://nomineria.blogspot.com/

[11] Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama http://defensoraspachamama.blogspot.com/

[12] “Ecuador: difamación, intimidación y acusaciones penales contra Lina Solano, defensora de los derechos humanos”. Front Line Defenders, noviembre 2008.https://www.frontlinedefenders.org/es/node/5801

[13] “Modalidades de criminalización y limitación a la efectiva participación de las mujeres defensoras de derechos ambientales, los territorios y la naturaleza en las Américas”. Varios autores. Informe Regional 2015, presentado en la I Audiencia Regional ante la CIDH sobre Criminalización a Mujeres Defensoras de los territorios y el medio ambiente en las Américas. http://issuu.com/fondodeaccionurgente-al/docs/informe_cidh_esp_2015

[14] “Ecuador: Ataque contra la Sra. Rosa Etelvina Misacango Chuñir, defensora de los derechos humanos. Front Line Defenders, abril 2009.  https://www.frontlinedefenders.org/es/node/5868

[15] Ecuador: amenaza e intimidación contra la Sra. Rosío Pérez defensora de los derechos humanos, y el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama”. Front Line Defenders, mayo 2010. https://www.frontlinedefenders.org/es/node/6021

[16] “Derechos violados, resistencia, criminalización”. Solano Ortiz Lina. Incluido en la publicación especial: “Por qué nos oponemos a la mega minería”, de la revista digital Latinoamérica en el Centro LatiCe. Marzo 2014. http://www.latice.org/publ/por_que_nos_oponemos_a_la_megamineria.pdf

[17] “Ecuador: Defensoras de derechos humanos atacadas y arbitrariamente detenidas durante una manifestación contra el proyecto minero Río Blanco. Front Line Defenders, octubre 2015. https://www.frontlinedefenders.org/es/node/29980

[18] Unión Latinoamericana de Mujeres ULAM. http://redulam.org/

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