La Fuerza Pública no esta del lado de los Colombianos

Por Laura Viviana Cala Mejía Comunicadora Social Universidad Central, Bogotá

En las décadas del 80 y 90 se recrudeció el conflicto armado en nuestro país. Una de las medidas que adoptaron para contrarrestar la ofensiva guerrillera en las poblaciones rurales fue la creación de las CONVIVIR( Cooperativas de Vigilancia Rural) las cuales presentaron irregularidades: En similar sentido Human Rights Watch, en el Informe Anual correspondiente al año 1998, concluyó en relación con las Cooperativas de Vigilancia Rural Convivir, que: “En 1997, recibimos informaciones creíbles que indicaban que las CONVIVIR de las regiones del Magdalena Medio y el sur del Cesar estaban dirigidas por conocidos paramilitares y habían amenazado con asesinar a colombianos considerados simpatizantes de la guerrilla o que se habían negado a inscribirse en las cooperativas” .

Para entender este fenómeno es necesario remitirnos al periodo presidencial del ex-Presidente Andrés Pastrana, en el cual se decide negociar con la guerrilla de las FARC en la zona de San Vicente del Cagúan, departamento de Caquetá. Mientras se desarrollaban las negociaciones, en diferentes zonas del país se fortalecieron grupos paramilitares con ayuda de la Fuerza Pública con la excusa de “frenar el comunismo”, quienes realizaron tareas conjuntas con el fin de brindarle la tranquilidad y seguridad a los terratenientes y a los mismos pobladores. Pero estas “tareitas” no fueron nada limpias; masacres tan emblemáticas como la del Salado en la Costa Atlántica y Trujillo en el Valle del Cauca aún resuenan en las mentes de sus pobladores; los paramilitares también se encargaron del despojo de comunidades enteras que poseían tierras productivas para cultivar palma de aceite, o  el suelo para la ganadería extensiva.

Luego vinieron dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez, ex gobernador del departamento de Antioquia catalogado como el “Mesías” que necesitaba Colombia; junto con los medios de comunicación se encargaron de mostrar el accionar de las guerrillas, mientras el paramilitarismo ante sus ojos pasaba desapercibido.

Durante estos periodos se fortaleció la bandera de la Seguridad Democrática; asegurándole a los colombianos, inversión extranjera, “poder ir a la finca” y “acabar con los terroristas de las FARC”.

Esta política trajo consigo muchos detractores, que luego serian catalogados como “auxiliadores del comunismo y el terrorismo”, como los senadores del Polo Democrático Iván Cepeda y Jorge Robledo, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales que entraron en esa lista, porque denunciaron los atropellos por parte de la Fuerza Pública a las comunidades donde se establecieron multinacionales o proyectos mineros en el auge de la “confianza inversionista” de  Uribe Vélez (Presidente de Colombia 2002-2010)

Esté seria el comienzo de los episodios más vergonzosos de la última década: las ejecuciones extrajudiciales; el asesinato sistemático de civiles,a manos de militares y hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate; y así ganar grandes sumas de dinero por la labor realizada. Han sido llamados a juicio generales y comandantes de las Brigadas que perpetraron estos crímenes, pero la justicia colombiana no ha sido efectiva a la hora de imputar cargos y emitir sentencias, las víctimas denuncian que los testigos de estas ejecuciones no han sido protegidos por las autoridades, y por ello peligran los procesos que se adelantan en los juzgados.

Decidí tomar apartes de la SENTENCIA C 51 del año 2002 emitida por la Corte Constitucional donde señala que “el Estado tiene el deber de “mantener la convivencia pacífica e instaurar un sistema jurídico-po                 lítico estable, para constituir la protección a la vida como una de las obligaciones del gobernante sin las cuales no es posible la continuidad de la comunidad”

“Así, a las Fuerzas Militares corresponde la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, mientras que la Policía debe mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. Esto significa que es la Fuerza Pública la garante de la convivencia ciudadana, y no puede trasladarse a los propios ciudadanos esa función, sin desnaturalizar la estructura constitucional del Estado colombiano”.

Estas sentencias son de obligatorio cumplimiento, pero los hechos demuestran lo contrario. El Estado mediante la Fuerza Pública no está cumpliendo lo establecido y ha reprimido a la población civil. Por ejemplo, en agosto de 2013 se llevó a cabo el paro agrario; donde los campesinos exigían al Gobierno Nacional garantías para sobrellevar los TLC`s firmados con diferentes países; antes de sentarse a dialogar con los implicados, las vías estaban ocupadas no solo por manifestantes sino por agentes del ESMAD; encargados de proteger a la población civil; pero se encargaron de dispersar a los manifestantes en diferentes zonas del país con el uso de pistolas, gases lacrimógenos, afectando la integridad y la salud de los civiles.

En la Constitución colombiana se estableció que todo ciudadano colombiano tiene derecho a transitar por el territorio sin ninguna restricción, pero en Campo Rubiales, operado por la multinacional Pacific Rubiales Energy (Ver Documental Operación Pacific Rubiales) ; el Ejército se encarga de proteger los intereses particulares de la misma; ya que para ingresar a Campo se deben cumplir una serie de requisitos que se encargan de controlar; en el departamento del Huila, EMGESA y ENDESA llevan a cabo el proyecto hidroeléctrico El Quimbo; sin la consulta previa a las comunidades; el ESMAD desalojo a miles de campesinos que estaban protestando pacíficamente a orillas del Rio Magdalena; estos son algunos casos que se repiten a diario en el campo colombiano.

Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Polo Democrático; ha propuesto el desmonte del ESMAD por la violación a los derechos humanos escudándose en la legitimidad del Estado.

La Fuerza Pública se ha encargado de deslegitimar su accionar ante la sociedad colombiana, aunque algunos siguen de oídos sordos; considero que se requiere de un análisis riguroso de las fuerzas que tienen al mando el Presidente y el Ministerio de Defensa, en pro de defender a la ciudadanía y no en contra de la misma.

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